La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) “No Debemos!
No Pagamos!”, con el apoyo y la participación del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha creado una exposición que se llama "Vivir en la Deudocracia" en ella trata de explicar porqué la deuda que nos están haciendo pagar con políticas de austeridad es ilegítima y no debemos pagarla.Continúa
He recogido algunas ideas, pero resulta difícil ignorar alguno de los textos, así que he recogido mucha de la información. Os recomiendo su exposición con gráficos y figuras. Aquí tenéis el enlace en castellano y en inglés.
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En 2008 sólo el 50,1% de los hogares tenían algún tipo de deuda, y las familias con mayor nivel de renta se han endeudado mucho más que las familias empobrecidas. Además, mientras que las familias con menos renta se han endeudado fundamentalmente por adquirir la vivienda principal, las más ricas lo hacen por otras inversiones inmobiliarias.
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El precio de la vivienda se triplicó entre 1997 y 2008, los salarios tan sólo aumentaron en un 50%.
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A partir de la entrada del euro, los bancos alemanes, franceses, norteamericanos y británicos prestaron dinero a bajos intereses a los bancos españoles y del resto de la periferia europea, y éstos volvieron a prestar ese dinero a las empresas constructoras e inmobiliarias.
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A partir de la entrada del euro, los bancos alemanes, franceses, norteamericanos y británicos prestaron dinero a bajos intereses a los bancos españoles y del resto de la periferia europea, y éstos volvieron a prestar ese dinero a las empresas constructoras e inmobiliarias.
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Durante las últimas dos décadas, mientras se ha ido reduciendo la presión fiscal a los más ricos, se han malgastado fondos públicos en inversiones millonarias que no son útiles. 3100 km de líneas de alta velocidad caras y que no responden a las necesidades de la mayoría de la población; una red excesiva de aeropuertos o megainfraestructuras.
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La presión fiscal en el Estado español sobre las empresas y las rentas más altas ha ido reduciéndose, mientras que el fraude fiscal y la deuda pública han aumentado. Mientras las ciudadanas aportamos el 91% de los impuestos a través
del IRFP o el IVA, las empresas aportan sólo el 9%. Por ejemplo, entre 1998 y 2012 el impuesto de sociedades se ha reducido del 35% al 30%, a la vez que deducciones y compensaciones fiscales permiten que las grandes empresas acaben pagando en realidad un 10% o menos. Además, las grandes empresas son las principales responsables del fraude fiscal: les corresponde un 72% del fraude fiscal total en el Estado español. Si se eliminara el fraude fiscal de las grandes fortunas, el Estado recaudaría 44.000 millones de euros anuales.
A pesar de haber querido culpabilizar de la crisis de la deuda al elevado gasto social, repitiendo de manera insaciable que teníamos unos servicios públicos que no nos podíamos permitir, sabemos que España se hallaba en la cola respecto al dinero público destinado al gasto social. Mientras que países como Francia o Alemania destinaban más de un 30% de su PIB al gasto social, España se situaba sobre el 20%. También las finanzas del Estado estaban relativamente equilibradas, ya que el volumen de ingresos y gastos públicos eran muy similares, cosa que, en 2007, provocaba que el nivel de la deuda pública de España sobre el PIB (36%) fuese menor que el de Alemania (65%) y el de Francia (64%).
Las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial) presionaron a los gobiernos para que privatizaran las empresas públicas.
(...) Las empresas españolas como Telefónica, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, Repsol YPF, Gas Natural, Banco Santander o BBVA entraron en el mercado latinoamericano beneficiándose de las condiciones favorables en las que compraron estas empresas, de los menores costes de la mano de obra, de las regulaciones ambientales menos estrictas o de los acuerdos con los gobiernos para pagar menos impuestos.
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La opacidad con la que se han gestionado las medidas del rescate bancario ha impedido que gran parte de la población sea consciente de la verdadera magnitud de recursos públicos que se han destinado a salvar a la banca.
(...) Las empresas españolas como Telefónica, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola, Repsol YPF, Gas Natural, Banco Santander o BBVA entraron en el mercado latinoamericano beneficiándose de las condiciones favorables en las que compraron estas empresas, de los menores costes de la mano de obra, de las regulaciones ambientales menos estrictas o de los acuerdos con los gobiernos para pagar menos impuestos.
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La opacidad con la que se han gestionado las medidas del rescate bancario ha impedido que gran parte de la población sea consciente de la verdadera magnitud de recursos públicos que se han destinado a salvar a la banca.
El pago de la deuda absorbe cada vez más cantidad de recursos públicos, lo que está llevando a recortes en los servicios sociales más fundamentales. De 2010 a 2014 los recortes en educación acumulan 7.298 millones de euros, lo que supone una caída del 16,7% de la inversión en educación en 4 años.
Además, la reforma de las pensiones supondrá también un recorte de 33.000 millones de euros de 2014 a 2023 (de los cuales 810 millones en 2014), además de limitar la revalorización de lo que cobran los pensionistas al 0,25%, incluso por debajo de un
más que posible aumento del coste de la vida.
Para 2014 el Gobierno español prevé un recorte del 35,6% en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que se han de sumar los recortes y privatizaciones de la sanidad realizados desde los diferentes gobiernos autonómicos.
Mientras el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, el nuevo artículo 135 de la misma obliga al pago de la deuda, y por lo tanto al cumplimiento de las condiciones pactadas con la Troika (entre ellas el rescate bancario), por delante de cualquier otra partida. Así, entre el derecho a la vivienda y el bienestar de miles de ciudadanos, y la banca protegida por la Troika, el Gobierno prioriza a estos últimos. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC, de 2008 a 2012 se ha realizado 244.278 desalojos (y 415.117 procedimientos de ejecución hipotecaria).
Por otro lado, la reforma laboral, pactada también con la Troika, se ha revelado, como muchas denunciábamos, totalmente inútil a la hora de luchar contra el paro, condenando a los cerca de 6 millones de
desempleados que hay en el Estado español, y deja a los trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad y mayor precariedad.
Ante el incremento de las protestas por el aumento de la precariedad, el paro, los desahucios, el empobrecimiento y la privatización de los derechos básicos, el Gobierno responde con un incremento de la represión y la limitación de los derechos civiles. La llamada Ley de (in)seguridad ciudadana penaliza la desobediencia civil, así como formas de protesta habituales en los últimos años. La utilización de balas de goma y la brutalidad policial a la hora de reprimir protestas o ejecutar desahucios son dos ejemplos de este incremento de la represión. Mientras defienden la Constitución a ultranza a la hora de pagar la deuda, no dudan en violar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, e incluso los derechos civiles que esta Constitución reconoce, si es necesario con represión y brutalidad policial.
Para 2014 el Gobierno español prevé un recorte del 35,6% en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que se han de sumar los recortes y privatizaciones de la sanidad realizados desde los diferentes gobiernos autonómicos.
Mientras el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, el nuevo artículo 135 de la misma obliga al pago de la deuda, y por lo tanto al cumplimiento de las condiciones pactadas con la Troika (entre ellas el rescate bancario), por delante de cualquier otra partida. Así, entre el derecho a la vivienda y el bienestar de miles de ciudadanos, y la banca protegida por la Troika, el Gobierno prioriza a estos últimos. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC, de 2008 a 2012 se ha realizado 244.278 desalojos (y 415.117 procedimientos de ejecución hipotecaria).
Por otro lado, la reforma laboral, pactada también con la Troika, se ha revelado, como muchas denunciábamos, totalmente inútil a la hora de luchar contra el paro, condenando a los cerca de 6 millones de
desempleados que hay en el Estado español, y deja a los trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad y mayor precariedad.
Ante el incremento de las protestas por el aumento de la precariedad, el paro, los desahucios, el empobrecimiento y la privatización de los derechos básicos, el Gobierno responde con un incremento de la represión y la limitación de los derechos civiles. La llamada Ley de (in)seguridad ciudadana penaliza la desobediencia civil, así como formas de protesta habituales en los últimos años. La utilización de balas de goma y la brutalidad policial a la hora de reprimir protestas o ejecutar desahucios son dos ejemplos de este incremento de la represión. Mientras defienden la Constitución a ultranza a la hora de pagar la deuda, no dudan en violar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, e incluso los derechos civiles que esta Constitución reconoce, si es necesario con represión y brutalidad policial.
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