Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.
Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.
El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.
En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.
A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social.
Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.
Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos:
- asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras,
- aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o
- registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.
Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.
Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.
Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.
Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.
Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.
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