Si los indígenas no viesen seriamente amenazados su forma de vida y su mundo no protestarían de la forma como lo están haciendo. ¿Saben cuál es el índice de desnutrición infantil en la provincia de Condorcanqui, de donde son originarios los Awajún y Wampis que participaron en los hechos de Bagua? 72.96%, según un informe del Gobierno Regional de Amazonas. Esto se debe en buena medida a la escasez creciente de fauna terrestre (animales de caza) y de peces en sus territorios, los que representan hasta el 80-90% de su ingesta de proteína.
A la mala gestión por parte del Estado (que permite e incluso promueve en la Amazonía la pesca comercial indiscriminada, la cacería comercial de animales, la industria forestal mecanizada y la minería) se suma el incremento de la población y, por tanto, de la presión sobre los recursos que son base de la economía indígena, y que hoy escasean más y más cada día.
Frente a esto, el Estado les ofrece más de lo mismo, de la medicina que ellos han visto como la culpable del descalabro: los “inversionistas” foráneos, sean empresas madereras, petroleras, mineras o agropecuarias, con que les prometen ahora un mundo dorado de desarrollo y progreso, no significaron para ellos en el pasado inmediato ningún mejoramiento de sus condiciones de vida, sino todo lo contrario… Los indígenas sienten, con razón, como una amenaza para su modo de vida la posible entrega en concesión de grandes extensiones de bosques para la industria maderera, petrolera y de biocombustibles en territorios que, aunque no titulados hoy a las comunidades indígenas, ellos consideran sus tierras tradicionales de caza y pesca.
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“El territorio que el Gobierno ha titulado a mi comunidad no es suficiente: el irapay para techar nuestras casas, el sajino o el venado que cazamos o los peces que pescamos para nuestra comida a veces están fuera de nuestro territorio titulado, en terrenos del Estado. Si entran empresas a explotar esos bosques, no sé de qué vamos a vivir, porque cada vez tenemos menos recursos. Nuestros hijos tendrán que emigrar a la ciudad. ¿Eso quiere el Gobierno?”, preguntaba recientemente Romero T. Ushiñahua, presidente de la Federación Indígena Maijuna, en el río Napo.
Imaginemos un territorio de una comunidad indígena típica de selva baja, de unas 6,000-8,000 ha, que con frecuencia no abarca la cabecera de la quebrada donde se reproducen los peces, o la cocha donde pescan, o el aguajal donde cosechan su aguaje, o el irapayal donde cosechan las hojas con que techan sus casas. ¿Qué pasaría si a un costado se instala una concesión maderera a practicar extracción forestal mecanizada, y en otro una plantación de palma aceitera, y en la cabecera de la quebrada una concesión minera?
Aunque su territorio no sea tocado, su modo vida, su supervivencia como indígenas está, definitivamente, seriamente amenazada. Porque ellos no aspiran a ser peones de una empresa, adoran su libertad y su modo de vida en contacto con la naturaleza: “No quisiera tenerle pena un día a mi hijo viendo cómo le maltratan los patrones; no hay patrón bueno. Prefiero que mi hijo viva pobre como yo, pero libre”, me decía recientemente un indígena del Huallaga.
Artículo completo: Perú: Territorio es vida, salud y desarrollo para los indígenas amazónicos José Álvarez Alonso, Servindi
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