Llevo meses reflexionando en el abandono del concepto de Responsabilidad Social Empresarial
o Corporativa. Los lobbies que controlan las entidades certificadoras desacreditan el término en sí. Pese a todo ello, sigo creyendo que parte del cambio que estamos experimentando en nuestros días vendrá de la mano del mundo empresarial.
El debate que planteo es sobre la obligatoriedad de tal Responsabilidad. Responsabilidad con R mayúscula para caracterizar el concepto que intento definir. Es decisión de la empresa elegir el envase en el cual va a comercializar su producto. Elige el envase en función del coste del material, de la ligereza del mismo para optimizar el transporte, en función del uso en el momento de su consumo e incluso se detiene a elegir idiomas y cumplir las normativas de cada país.
Esa empresa, en cambio, no valora qué coste tiene la recuperación y reciclaje de esos envases y esa variable no la tiene en cuenta. No le importa si sus envases son voluminosos o si podrían ser de algún material más fácilmente recuperable o rellenable. No se preocupa de recogerlos y gestionar su limpieza para su posterior reutilización. Tampoco los recoge para generar nuevos envases. Esa recogida, gestión, reutilización o almacenamiento son asumidas por la administración, por el dinero público, y por lo tanto la sociedad se está haciendo cargo de esos residuos. Unos residuos sobre los que no ha tenido ninguna capacidad de decisión, pero, en cambio, si debe asumir su posterior gestión.
Una empresa que internalice esos costes y los gestione puede llamarse Responsable.
Sigamos ejemplificando, cómo las empresas externalizan costes que deberían asumir. También decide si va a fabricar ese producto en algún país en el cual la mano de obra sea tan barata que valga la pena cargar con el coste transporte desde su punto de fabricación hasta el punto de venta. No consideraré para este ejemplo las emisiones de CO2 extra producidas por ese transporte extraordinario. Pero sí consideraré la mano de obra que deja de generar en el punto de venta y que, como ya se está produciendo desde hace años, provoca que numerosas fábricas cierren y que colectivos asalariados pasen a formar parte de personas sin trabajo que tienen un subsidio de paro que pagamos entre toda la sociedad.
Evidentemente, una empresa se crea para ganar dinero. Pero ocurre de forma recurrente que los estados deben enmendar los extremos a los que lleva la economía de libre mercado y su ilógica forma de funcionamiento. Si estas empresas tuvieran que mantener a las personas que dejan desprovistas de empleo hasta que consigan un nuevo trabajo, quizá valorarían de otra forma los costes de personal. Y si el supuesto estado del bienestar no subvencionara el subsidio de desempleo y las personas no tuvieran poder adquisitivo para absorber lo que la empresa genera, también valoraría los despidos de otro modo.
Estas son algunas de las variables que el mundo empresarial considera para rentabilizar su producción, n, distribución y venta. Si a nadie sorprende que una empresa externalice la producción en otro país, porqué habría de sorprender que los estados hiciesen responsables a las empresas de los residuos generados y elevara los impuestos de las importaciones para proteger a la población del desempleo o de la pérdida de calidad de vida o de aquello que el estado estimase oportuno..
Los estados no pueden hacer eso, porque ya no representan a nadie. Las grandes organizaciones son difíciles de gestionar y las formas de gobernabilidad vigentes. Están a merced de las grandes empresas y transnacionales que son las únicas formas de organización que consiguen crear leyes que las protejan y las ampare de cualquier responsabilidad que no les convenga.
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